Un memorando interno de inmigración ha generado una fuerte polémica en Estados Unidos. Ahora una directriz permitiría a agentes de ICE entrar en viviendas sin el aval de un juez, lo que reabre el debate sobre derechos constitucionales y práctica policial.
Una política interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas de defensores de derechos civiles, abogados y legisladores porque autoriza a los agentes a ingresar a domicilios sin una orden judicial tradicional para arrestar a personas con órdenes finales de deportación. El documento, emitido en mayo de 2025 pero divulgado públicamente apenas recientemente, marca un cambio significativo en la práctica de las detenciones migratorias y pone en el centro de la discusión tensiones entre ejecución de la ley, protección de derechos individuales y límites constitucionales.
El cambio señalado en el memorando autoriza a ICE a emplear una llamada “orden administrativa” para respaldar el ingreso forzoso a un domicilio, en lugar de depender de una orden otorgada por un juez imparcial. A diferencia de las órdenes judiciales, que requieren la evaluación de un magistrado y deben sustentarse en causa probable, las administrativas son emitidas por funcionarios del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de ICE. De acuerdo con la directriz, los agentes pueden “tocar y anunciarse” y ejercer la fuerza “necesaria y razonable” si se les niega el acceso, incluso cuando no presenten un mandato firmado por un juez.
Qué significa la política en la práctica
Este tipo de directiva representa una reinterpretación de cómo se llevan a cabo las detenciones dentro de residencias privadas, al otorgar mayor discreción interna a los agentes de inmigración. Tradicionalmente, en Estados Unidos se ha enseñado a las comunidades, especialmente a las inmigrantes, que no es obligatorio abrir la puerta a los agentes de ICE a menos que presenten una orden judicial válida. Esta recomendación se basa en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones “irrazonables” sin supervisión judicial.
Con la nueva política, esa dinámica se transforma: ahora un agente puede emplear una orden interna para detener a una persona con una orden final de deportación aun cuando esta decida no abrir la puerta. Esta situación ha despertado preocupación, pues numerosos expertos sostienen que las órdenes administrativas no fueron diseñadas para autorizar ingresos forzosos a propiedades privadas y que usarlas de ese modo podría vulnerar protecciones constitucionales vigentes desde hace décadas.
Diversos críticos de esta política afirman que la Columna Constitucional encargada de resguardar a las personas en su domicilio constituye un pilar esencial de la privacidad en Estados Unidos. La aplicación de órdenes administrativas, las cuales no pasan por la revisión de un magistrado considerado “neutral y desapegado”, suprime un control externo clave sobre las actuaciones del Estado. Como consecuencia, algunos especialistas en derecho han llegado a describir esta práctica, en ciertos escenarios, como potencialmente contraria a la Constitución.
Respuestas y dudas en el ámbito legal
Las reacciones no se han hecho esperar. Grupos de derechos civiles y abogados han expresado que esta política podría ser una de las más profundas erosiones de las protecciones de la Cuarta Enmienda en años. La Constitución exige que para ingresar en un domicilio de forma forzosa el gobierno obtenga una orden respaldada por causa probable y firmada por un juez, salvo en excepciones muy limitadas (por ejemplo, situaciones de emergencia extremas). Que agentes federales de inmigración puedan actuar sin ese aval ha generado llamados a la acción legal y peticiones de investigaciones por parte del Congreso.
Organizaciones como Whistleblower Aid, que ayudaron a difundir el memorando tras la filtración de funcionarios anónimos, han sostenido que el documento fue mantenido en secreto deliberadamente para minimizar la supervisión y evitar que se debatiera públicamente. Según estas fuentes, la directriz fue compartida verbalmente en algunos entrenamientos, pero no distribuida formalmente por escrito entre todos los agentes, lo que genera dudas adicionales sobre transparencia y rendición de cuentas.
El Departamento de Seguridad Nacional y los voceros de ICE han defendido la directriz argumentando que muchas de las personas sujetas a estas órdenes ya han pasado por un proceso legal en el que se determinó causa probable para su arresto y deportación. Según esta perspectiva, presentar una orden administrativa para entrar a un domicilio no representaría una violación de derechos porque el individuo ya ha enfrentado un debido proceso en materia migratoria. Sin embargo, esta defensa no ha satisfecho a los críticos, que aseguran que el proceso migratorio y la supervisión judicial son diferentes y que ambos deben cumplirse para proteger derechos fundamentales.
Repercusiones en las comunidades de inmigrantes
En las comunidades inmigrantes, la noticia ha despertado inquietud y temor. Durante décadas, la formación sobre derechos civiles y los programas de know your rights (conozca sus derechos) subrayaban que los agentes de inmigración debían presentar una orden judicial para ingresar a un domicilio. Ahora, la posibilidad de que ese principio deje de ser una garantía ha modificado la sensación de resguardo en hogares y vecindarios donde muchos conviven con el miedo permanente a una redada.
Este ambiente de incertidumbre se ha visto exacerbado en varias ciudades donde las operaciones de ICE han sido particularmente agresivas. Por ejemplo, en Minneapolis y otras localidades se han reportado entradas a domicilios con órdenes administrativas durante operativos, lo que ha sido grabado en video y difundido ampliamente, generando protestas y llamados de alcaldes y funcionarios locales para que cesen estas prácticas.
Activistas señalan que esta medida no solo impacta a quienes carecen de estatus migratorio, sino también a residentes legales y ciudadanos, ya que fallos en datos de domicilio o identidad han provocado detenciones equivocadas en ocasiones anteriores. La implementación de esta política podría intensificar esos peligros, exponiendo a personas y familias que confían en la protección que les garantiza la ley constitucional.
Discusiones sobre la constitucionalidad y los mecanismos de control
El principal punto de fricción legal gira en torno a la interpretación de la Cuarta Enmienda. Esta disposición constitucional ha sido interpretada por la Corte Suprema de Estados Unidos como una barrera esencial contra registros y detenciones arbitrarias, obligando al gobierno a justificar con evidencia ante un magistrado independiente cualquier entrada forzosa en una residencia. El uso de una orden interna, emitida por funcionarios administrativos sin control judicial, altera ese equilibrio tradicional de poderes y control.
Algunos juristas sostienen que incluso si la persona ya ha tenido un juicio migratorio o proceso administrativo previo, eso no reemplaza la necesidad de una orden judicial específica para entrar a un domicilio. Esta distinción es vital porque la primera protege contra la exclusión de una persona del país, mientras que la segunda es una salvaguarda contra la intrusión en la esfera privada de la vida doméstica.
Además de las críticas constitucionales, existen dudas sobre la capacitación de los agentes en torno a estas nuevas directrices y si se están implementando de manera uniforme. Grupos de derechos humanos señalan que la instrucción verbal y la falta de documentación amplia del memorando en los materiales de entrenamiento tradicionales podrían llevar a abusos o malentendidos operativos que, en última instancia, perjudiquen tanto a inmigrantes como a la propia credibilidad de la agencia.
Respuestas políticas y posibles litigios
La filtración del memorando ha llevado a demandas de mayor supervisión por parte del Congreso. Legisladores de ambos partidos han expresado interés en evaluar si la política viola leyes federales o excede el alcance de la autoridad ejecutiva sobre la aplicación de la ley migratoria. Algunos han propuesto audiencias específicas para examinar el alcance, la justificación legal y el impacto social de permitir entradas sin órdenes judiciales.
Por otra parte, defensores legales de inmigrantes ya están preparando litigios para desafiar la directriz en tribunales federales. Estos casos podrían poner a prueba la interpretación de la Cuarta Enmienda en un contexto migratorio contemporáneo y establecer precedentes sobre cómo debe equilibrarse la seguridad fronteriza con las protecciones constitucionales dentro del territorio de Estados Unidos.
¿Qué acciones están al alcance de las personas afectadas?
Mientras avanzan estos debates legales y políticos, numerosos defensores comunitarios siguen orientando a las familias sobre los derechos esenciales que les amparan. Incluso con eventuales ajustes en las políticas internas, los especialistas aconsejan que las personas continúen haciendo valer sus garantías constitucionales fundamentales y pidan revisar órdenes judiciales firmadas por un magistrado cuando agentes federales intenten ingresar a su vivienda.
Organizaciones de asistencia legal y grupos de apoyo también han intensificado sus esfuerzos para proporcionar recursos, asesoría y, en algunos casos, asistencia directa a quienes enfrentan detenciones bajo estas nuevas directrices. La educación continua sobre qué esperar durante un operativo y cómo documentar posibles violaciones de derechos es parte clave de su trabajo en este período de incertidumbre.
La política que faculta a los agentes de ICE a ingresar en viviendas sin una orden judicial formal marca un quiebre notable con las prácticas habituales y abre serias dudas jurídicas y éticas sobre la salvaguarda de derechos esenciales. Su aplicación sigue generando controversias, movilizaciones políticas y eventuales desafíos judiciales, mientras comunidades y organizaciones defensoras observan atentamente cómo repercute en la vida diaria de millones de residentes y migrantes en Estados Unidos.
