A partir del 2 de agosto, España comenzará a implementar la Directiva Europea de Arbitraje, que otorga a los padres un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido desde el nacimiento del hijo hasta los ocho años. Sin embargo, la implementación se suspenderá hasta 2025 hasta que el gobierno de coalición acuerde los términos.
Esta directiva, adoptada en 2019, exige que todo empleado tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla ocho años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados en caso de incumplimiento. El gobierno tiene actualmente una reserva adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero aún no se ha determinado cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán al pago de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El vicepresidente de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. España ofrece actualmente 19 semanas, divididas en 16 semanas para el parto y 3 semanas adicionales para la lactancia.
El PSOE propone ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar que 4 de las 8 semanas del permiso parental sean retribuidas. Esto podría costarle al Estado unos 250 millones de euros por semana salarial. Además, si la normativa no se aplica a tiempo, la multa puede ascender a 53.600 euros por día.
Hay muchas dudas e incertidumbre entre empleados y empleadores con respecto a la financiación de estos permisos. Según Katarina Kapeans, especialista en derecho laboral, la ley reconoce el derecho, pero no especifica cómo se debe pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario utilizado para estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha provocado incertidumbre en muchas empresas. El pago es responsabilidad del Estado, pero se necesitan desarrollos regulatorios para hacerlo viable, con el objetivo de lograr su pleno cumplimiento en 2025.
