El Parlamento de Cataluña se pronunció este jueves a favor del acuerdo económico para la Generalitat, en línea con lo acordado por el PSC y ERC para la institución de Salvador Illa. Por primera vez, la cámara autonómica expresó su apoyo a la iniciativa, aunque los partidos que la propusieron no lograron presentar un texto común. Junts, por su parte, no votó a favor de ninguno de ellos y registró el suyo propio -que no fue aprobado- sin la cuota solidaria prevista en los propios textos tripartitos.
Los 68 diputados que integran el partido tripartito de Ila, mayoría absoluta en el Parlamento, bastaron para declarar, en el marco del debate político general celebrado esta semana, el eje central de la que será la legislatura que comienza en mayo. Incluso si los textos aprobados no tienen valor legislativo. Ellos marcarán el rumbo del Gobierno en sus relaciones con ERC y las del Gobierno español, de la mano de Carles Puigdemont.
Así, a sugerencia de los ayuntamientos, el CPS aceptó que el nuevo acuerdo de financiación, que provoca la desconfianza de una parte del PSOE y afectará a la autonomía de otras regiones, «se basa en los principios de suficiencia, cotidianidad, solidaridad». «, corresponsabilidad y eficiencia» y establece «límites» claros de «competencia fiscal a la baja, eliminación del dumping fiscal», en relación con las políticas fiscales implementadas por el PP en las comunidades que gobierna.
El texto del CER, refrendado también por la COPS, afirma que «Cataluña sufre una infrafinanciación persistente en el tiempo» debido a un «modelo obsoleto de financiación en modo común» y que, por tanto, la Generalitat necesita unas necesidades financieras «propias y únicas» que permitan a Cataluña «obtener «soberanía fiscal y económica», recaudando todos los impuestos y luego aportando una contribución solidaria bajo ciertas condiciones.
La propuesta de la COPS, también aprobada, indicaba esta solidaridad con otras regiones. Esto se limitará a los gobiernos socios del gobierno catalán que realicen «esfuerzos presupuestarios similares». Es decir, parte de la cuota catalana –gasto gubernamental más solidaridad– se reducirá a la forma en que las regiones anfitrionas ejerzan su margen de autonomía, determinando así sus políticas.
Una minoría escindida
Por otro lado, la votación de las resoluciones presentadas por los grupos políticos tras el debate político general puso de manifiesto la minoría de los separatistas en la Cámara catalana. Así, una iniciativa de la Alianza Catalana que pedía la «restauración formal del Estado catalán como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social» fue rechazada a raíz de la declaración de independencia aprobada por el parlamento en octubre de 2017. Críticas de portavoces de Junts, ERC y CUP.
El partido de Silvia Orioles también reclama la implementación de una de las leyes aprobadas en 2017 que marca el inicio del hipotético nuevo Estado catalán. Una iniciativa que obtuvo sólo tres votos «sí». Junts se abstuvo y el resto de grupos, incluido ERC, votaron en contra. Marta Villalta (ERC) indicó que su voto en contra se debió, por un lado, a que su partido no apoya ni apoyará ninguna propuesta de este partido, al que considera de extrema derecha, y para evitarlo, que Se vio: que los separatistas no tienen mayoría en el parlamento.
Esta propuesta de resolución pasó la fase de mesa controlada por Junts y ERC, pese a que el PSC y Vox solicitaron que el texto no se sometiera a votación. Joanne Garriga (Vox) ha anunciado que llevará la decisión al Tribunal Constitucional y presentará una denuncia contra los concejales (dos de Junts y dos de ERC) que permitieron tramitar la decisión. Juan Fernández (PP) lamentó la situación.
