El 20 de mayo de 2025 entró en vigor en España un nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. Esta reforma representa la actualización más significativa en materia migratoria desde 2011, con el objetivo de simplificar trámites, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la integración de las personas migrantes en el país.
Entre las principales novedades se encuentra la reorganización de los visados en cuatro categorías: tránsito aeroportuario, corta duración (hasta 90 días), larga duración (estudios, trabajo o residencia) y búsqueda de empleo. Este último permite residir legalmente en España durante 12 meses para encontrar trabajo, sin necesidad de salir del país para cambiar a un permiso de trabajo.
El nuevo reglamento incluye cinco modalidades de arraigo: social, laboral, familiar, educativo y de segunda oportunidad. Esta última facilita la regularización de personas que en los dos años pasados tuvieron un permiso de residencia y no lo renovaron.
Además, se amplía la posibilidad de que los estudiantes extranjeros trabajen hasta 30 horas semanales y se mejora la reagrupación familiar, facilitando la residencia de familiares de personas con nacionalidad española.
No obstante, la puesta en marcha del reciente reglamento ha causado retos en las operaciones. En la Región de Murcia, por citar un ejemplo, los sindicatos CCOO y CSIF han reportado el colapso en la Oficina de Extranjería, con esperas para citas que exceden los 60 días, y procedimientos que podrían tardar meses. Ambos sindicatos exigen la creación de 50 nuevos puestos debido a un aumento del 40% en la carga laboral.
En respuesta a las críticas y para abordar las situaciones de vulnerabilidad no contempladas en el nuevo reglamento, el Gobierno ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas, que busca regularizar a cerca de 400.000 inmigrantes en situación irregular. Esta propuesta, aún pendiente de aprobación en el Congreso, cuenta con amplio respaldo social y responde a una necesidad evidente: proteger los derechos de miles de personas y atender las demandas económicas del país.
El nuevo Reglamento de Extranjería representa un paso importante hacia una política migratoria más inclusiva y adaptada a las necesidades actuales de España. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar eficazmente las reformas y garantizar que los beneficios lleguen a todas las personas migrantes, especialmente a las más vulnerables.
