Este jueves, el Parlamento de Cataluña celebra el debate de toma de posesión del socialista Salvador Illa. Las últimas horas estuvieron marcadas por el posible regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Esta tesis ya ha sido confirmada por el político prófugo: “Tengo que estar ahí y quiero estar ahí. Por eso hice el viaje de regreso del exilio”, dijo en un mensaje en las redes sociales antes de la sesión de toma de posesión prevista) para acompañar a Puigdemont al Parlamento.
Ante la expectativa de que esto suceda, y aún antes de que este jueves se confirme el regreso del expresidente catalán, ya se han analizado los posibles escenarios que podrían conducir a esta situación. Uno de ellos es la suspensión de la toma de posesión de Ila, pero también tiene un impacto a nivel del sistema judicial.
Los escenarios que se abren con la llegada de Puigdemont a España, según un juez
En este entorno, el juez Ignacio González Vega analizó en el programa de Onda Cero “Más de uno” qué podría pasar si Puigdemont llega finalmente a España este jueves. Para el magistrado, lo principal es que tendrá que tener “mucho cuidado”. En materia jurídica se presentan distintos escenarios.
González Vega insiste en que además de la orden de aprehensión por malversación nacional, que estaría fuera del alcance de la amnistía, existe un requisito ordenado por el juez Larena que es una orden de allanamiento, incautación y prisión.
Según el juez, durante la detención pueden darse dos situaciones. La primera es que fue detenido en la frontera franco-española, y la segunda es que se encontraba en la ciudad de Barcelona. En cualquier caso, una vez detenido, Puigdemont quedará a disposición “del equipo de seguridad donde se produjo la detención”. Si es, por ejemplo, la frontera por el acceso a Junquera, “el árbitro de turno será el de la ciudad de Figueras, en el Alto Ampordán”.
El magistrado siempre basa su explicación en que existe un requisito: “Una vez ante el juez de turno, la comparecencia prevista en el art. 505 del Código de Procedimiento Penal confirma esta pena de prisión, es decir si persisten las razones por las que se impuso. .hacer esta confesión. González Vega también explicó que esto se podría hacer por vía telemática o trasladando a Puigdemont a Madrid, lo que podría alargar el proceso.
Incluso si una de las partes solicita pena de cárcel, “en el caso particular ya se ha solicitado” al efecto. Asimismo, destaca que “se trata de un delito agravado de malversación de caudales públicos, que equivale a 10 años de prisión”.
“Debe comparecer ante el juez de guardia para conocer si aún subsisten los fundamentos de la condena del detenido”
¿Y si Puigdemont insinúa una amnistía o va a la cárcel?
El contexto de este asunto y la reciente aprobación de la ley de amnistía podrían llevar incluso a que Puigdemont insinúe una detención ilegal, extremo que el magistrado rechaza.
Según su explicación, hay dos motivos: “En primer lugar, actualmente existe una demanda de arresto y encarcelamiento. Segundo, si se afirma que hay amnistía, hay orden del juez Larena de que la malversación de fondos no se considera amnistía y lo que se debe hacer es recurrir primero al propio Tribunal Penal y al Tribunal Constitucional, para para obtener protección.
Finalmente, de confirmarse este ingreso en prisión, “según el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal, los casos que involucren a presos tendrán trato preferente”, es decir que la causa penal podrá ser recurrida en reforma y luego apelada ante la sala del La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las autoridades judiciales están obligadas a dictar estas decisiones para resolver estos recursos dentro del mes de agosto, según su criterio. “Esto nos permitirá obtener rápidamente un amparo constitucional”, condenó el juez Ignacio González Vega.
En este sentido, el magistrado habló de una “paradoja”, ya que el expresidente catalán prófugo se beneficiaría de una tramitación más rápida de las denuncias y podría acceder al Tribunal Constitucional más rápidamente “que si estuviera en libertad”.
Sin embargo, el juez insiste en que se trata de un caso complejo y con muchos aspectos, en el que el juez Larena debe considerar otras cuestiones como la existencia de motivos suficientes para mantener a Puigdemont como autor de los hechos, el riesgo de fuga, circunstancias personales o penales. repetición.
