Los empleados que laboran para el gobierno en México han expresado su intención de pedir un incremento salarial que oscile entre el 6.5% y el 7% para el año 2025. Esta solicitud será oficializada en la segunda mitad de mayo, momento en el cual se presentará la solicitud formal y se llevará a cabo una mesa de diálogo con la Subsecretaría de Egresos del Ministerio de Hacienda.
La propuesta de incremento salarial busca beneficiar a más de un millón de empleados públicos sindicalizados, incluyendo personal administrativo y de servicios generales. Además del aumento en el salario base, se contempla la revisión y mejora de las prestaciones laborales, como aguinaldo, vales de despensa y fondo de ahorro.
Uno de los puntos centrales de la negociación es la basificación de aproximadamente 100,000 trabajadores que actualmente laboran sin plaza fija, especialmente en el sector salud y en el programa IMSS-Bienestar. Se estima que alrededor del 60% de estos empleados carecen de seguridad social y de acceso a prestaciones completas, lo que limita su estabilidad laboral y bienestar.
En este contexto, se destaca la necesidad de acelerar los procesos de regularización laboral para garantizar condiciones justas y equitativas para todos los trabajadores del Estado. La implementación de jornadas laborales adecuadas y la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo son aspectos fundamentales para mejorar la calidad del empleo público.
El gobierno central ha demostrado apertura para conversar y llegar a consensos que favorezcan a los empleados, valorando su contribución al funcionamiento del país. No obstante, también enfrenta el reto de equilibrar las solicitudes laborales con las limitaciones del presupuesto y la situación económica actual.
Las discusiones sobre sueldos para el año 2025 se llevan a cabo en un entorno de aumento del salario mínimo en México, que desde el 1 de enero de 2025 creció un 12%, elevando el salario diario en la región fronteriza norte a 419.88 pesos y en el resto del país a 278.80 pesos. Este cambio tiene como objetivo aumentar el poder adquisitivo de los empleados y disminuir las disparidades salariales.
En paralelo, diversas encuestas y estudios indican que las empresas en México proyectan incrementos salariales promedio de entre 6.5% y 7.2% para el personal sindicalizado en 2025, con variaciones según la región y el sector industrial . Estas cifras reflejan una tendencia hacia la mejora de las condiciones laborales y la competitividad en el mercado laboral.
La exigencia de incremento de sueldo de los empleados del sector público simboliza un avance significativo en la lucha por la igualdad y equidad laboral. El logro de un acuerdo exitoso dependerá del compromiso de ambas partes para hallar soluciones que concilien las necesidades de los trabajadores con las posibilidades del gobierno.
En este proceso, es fundamental considerar no solo los aspectos económicos, sino también el impacto social y humano de las decisiones tomadas. Garantizar condiciones laborales dignas y estables contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas y al bienestar de la sociedad en su conjunto.
